La polémica y la preocupación ganan terreno gracias al proyecto de la«Agencia de Bienes S.E.», que impulsa el PRO en la Ciudad y que será debatido este jueves en la sesión legislativa semanal.
La iniciativa esta envuelta en la controversia desde su gestación. De aprobarse como ley, se creará un organismo que tendrá la potestad de vender o de entregar en concesión predios públicos a firmas privadas para su explotación, sin regulación legislativa.
Según los fundamentos del documento, el nuevo ente tiene como objetivo«desarrollar una ciudad integrada, en la que todos los barrios tengan acceso a las mismas oportunidades, tanto en salud como en educación, generando más igualdad entre las distintas zonas que la componen con políticas públicas a largo plazo».
La iniciativa primeramente contemplaba una propuesta para crear la Corporación Metropolitana S.E. (presentada el 25 de noviembre pasado), pero fue en la última sesión del año cuando se conoció un texto que no sólo cambiaba de nombre al ente, sino que incorporaba propuestas planteadas en otros dos proyectos.
El proyecto fue aprobado, en primera instancia, a fines del año pasado, y en el mes de marzo, hace tan solo un par de semanas, se realizó la audiencia pública – no vinculante – necesaria para exponerlo ante organizaciones barriales, ongs y vecinos en general. 91 asistentes tomaron la palabra: Todos estaban en contra.
La oposición a la “privatización”
Naturalmente, apenas surge en la Ciudad alguna movida para “concesionar”, el concepto de “privatización” emerge y pega fuerte en la conciencia colectiva. Esto se agrava cuando la entrega de tierras públicas se esparce y se pone en jaque el respeto a ciertas normativas – incluso la constitución porteña – y el intento de concesión se saltea los pasos más democráticos conocidos. Ejemplo: La Legislatura.
“Buenos Aires NO se Vende” es una campaña formada por varias organizaciones vecinales, que básicamente, indican que “El Jefe de Gobierno pretende utilizarla como un cheque en blanco para poder decidir la venta de cualquier inmueble de la Ciudad ubicado en cualquier parte de su territorio, sin autorización de la Legislatura ni de las Comunas y sin conocimiento de la ciudadanía. Esto en violación flagrante de la Constitución, de la Democracia Participativa y de las competencias exclusivas y concurrentes de las Comunas”.
Flashback
La norma se votó en el recinto el 3 de diciembre pasado y contó con 44 votos a favor, comprendidos por legisladores del Pro y el Frente para la Victoria. No obstante, los diputados José Cruz Campagnoli y Pablo Ferreyra, aliados en ese momento del interbloque kirchnerista, se opusieron.
Los 14 votos negativos se completaron con el Partido Socialista, el Partido Socialista Auténtico, el Frente de Izquierda, SUMA+, la Coalición Cívica y Bien Común. También votaron en contra los exlegisladores Pablo Bergel y Alejandro Bodart; mientras que Javier Gentilini (FR) y Graciela Ocaña (Confianza Pública) se abstuvieron.
El “apoyo” K
El bloque del Frente para la Victoria se encuentra trabajando en modificaciones al texto de la ley. Sus diputados ayudaron, con su voto positivo, a aprobar a fines del año pasado.
En distintos comunicados, el bloque considera “imprescindible, tal como lo establece la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en su artículo 82, la participación de la Legislatura en la discusión sobre la administración y el destino de los bienes públicos”. El texto original, justamente, se saltea el filtro de la Legislatura como camino para aprobar o rechazar una concesión.
«Los legisladores del FPV estamos de acuerdo con una Agencia que administre los bienes de dominio privado que son propiedad del Gobierno de la Ciudad, pero administrar no es únicamente vender. Hay que poner en valor los activos estratégicos que tiene la Ciudad para promover un desarrollo territorial equilibrado y resolver los problemas estructurales».
 |
| Carlos Tomada, presidente del Bloque |
Entre algunas de las modificaciones que el bloque kirchnerista impulsó se destacan: Que la Agencia de Bienes debe alinearse con los parámetros del Plan Urbano Ambiental, debe administrar y no sólo disponer de los inmuebles e informar anualmente y, respecto al control, además de tener que pasar el Plan Anual para su aprobación legislativa, la Agencia va a contar con una sindicatura interna con mayoría opositora.
Por otra parte, el Bloque seguirá abogando porque en el texto de la Ley se contemple la participación de las Comunas en las discusiones de estos temas.
Las dudas y rechazo del resto
De todos modos, el resto de la oposición entiende que estas modificaciones del bloque K solo esconde otra versión del anteriormente denunciado “pacto K-PRO”.
El legislador Adrián Camps calificó de «desprolijo» el tratamiento del proyecto. La iniciativa fue tratada en la Legislatura el lunes pasado, en una reunión conjunta de diputados de las Comisiones de Presupuesto, Hacienda y Política Tributaria; Planeamiento Urbano y Desarrollo Económico, Mercosur y Políticas de Empleo. Según remarca Camps, solo el PRO y el FPV manifestaron que votarán a favor. «No se hizo ninguna reunión de asesores Venimos a tratar un proyecto al que se le hicieron modificaciones que no conocemos; no sabemos cuál es el texto definitivo», manifestó el diputado del PSA.
 |
| Adrián Camps |
El despacho de comisión que emitió la mayoría depositó en el temario de la sesión de mañana jueves. ¿Qué se obtuvo? Camps lo explica en un comunicado de prensa enviado hoy: “En lugar de que la Legislatura transfiera, directamente, todos los bienes inmuebles de la Ciudad a la Agencia de Bienes, lo hace por intermedio del Poder Ejecutivo. Luego, la Agencia elaboraría una propuesta, lo que ellos llaman un Programa de Acción, que elevaría anualmente durante el mes de septiembre para que la Legislatura lo apruebe o no”.
“Esto carece de sentido en un ámbito donde el espacio público es escaso. Ninguna ciudad del mundo reduce su patrimonio con un argumento tan simplista e incomprensible como el de la falta de necesidad. Es inaceptable que se pretenda enajenar el patrimonio de una ciudad sin tener un plan de desarrollo urbano», advierte el despacho de minoría presentado por el diputado Camps luego de esa reunión.
Dentro de los inmuebles de los que la Agencia de Bienes podría disponer se encuentran los terrenos que actualmente ocupa el Tiro Federal Argentino -declarado Monumento Histórico Nacional por Decreto – y el predio conocido como «El Dorrego».
«En el Caso del Tiro Federal, donde dicen que el objetivo es construir el Parque de la Innovación -que todavía no sabemos qué es, porque nunca lo explicaron- se esconde un negocio inmobiliario gigantesco destinado a favorecer a intereses privados; construcción de departamentos y oficinas de lujo orientados a la especulación y que en nada tienen que ver con las necesidades de vivienda de los habitantes porteños», denunció el legislador del PSA.
“Sólo con la venta de los terrenos del Tiro Federal se recaudarían cientos de millones de dólares. Ese dinero sería administrado por esta Agencia, una estructura paralela al Estado, por fuera del presupuesto que el Ejecutivo envía anualmente al parlamento y sin ningún tipo de control por parte de la Legislatura”, detalla Camps en su último comunicado.
De aprobarse esta ley, todos los bienes de la Ciudad de Buenos Aires quedarían en manos de un directorio compuesto por cinco representantes del PRO y uno del Frente para la Victoria.
Por su parte, Alejandro Bodart (MST), declaró que “el pacto PRO-K crea una verdadera Agencia de Males para favorecer negocios privados con los inmuebles públicos, que son patrimonio de todos los vecinos».
Bodart, quien apoyó el amparo presentado por las agrupaciones vecinales de Buenos Aires NO Se Vende, agregó: “En parte del Tiro Federal harán un parque de la innovación empresarial y en El Dorrego un centro audiovisual para empresas que ya tienen exenciones fiscales millonarias”.
Desde la Coalición Cívica, la legisladora Paula Oliveto Lago anticipó el voto negativo del proyecto por las “inconsistencias formales”, y aseguró que cuenta con “baches” que la Justicia podría utilizar para declarar su inconstitucionalidad, una vez sancionado.
En tanto, el diputado Marcelo Ramal (FIT) también adelantó su posición en contra y sostuvo que la creación de la Agencia de Bienes “va en la misma dirección que Corporación Puerto Madero y Corporación Sur”. La Corporación Puerto Madero fue creada bajo la intendencia de Carlos Grosso y la Corporación Buenos Aires Sur bajo el Gobierno de Aníbal Ibarra.
“Replica un modelo político institucional que va a llevar a una completa privatización de las tierras de la Ciudad. Detrás de la fachada se está armando un mega desarrollo inmobiliario”, expresó el legislador de izquierda.
