La presidente del bloque de legisladores de la CC-ARI, Paula Oliveto Lago junto a su compañera de interbloque Inés Gorbea, presentaron la semana pasada un pedido para que se informe sobre el llamado a licitación pública realizado por el PEN (Lotería Nacional SE) para concesionar las cinco salas de bingo instaladas en la Ciudad de Buenos Aires.

Esta medida significaría un atropello al derecho y la competencia local, que surge de la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad y de distintas leyes sancionadas.

El juego de apuestas en la Ciudad volvió a primer plana en la agenda antes de las elecciones, cuando la precandidata por el PRO, Gabriela Michetti, osó mencionar que, entre sus ¿pocas? diferencias con Rodríguez Larreta, se encontraba el tratamiento y las limitaciones que en dicha materia pensaba aplicar, en caso de resultar ganadora. Luego del reto de Mauricio Macri, esa cuestión se diluyó.

«Queremos conocer cuáles han sido las acciones desarrolladas por elInstituto de Juego de Apuestas de la CABA, (la autoridad de aplicación de la ley 538 que regula el juego en la Ciudad) ya que entre sus funciones se encuentran la organización, administración, reglamentación, explotación, recaudación y control de todos los juegos de apuestas y de azar» resaltó la diputada Oliveto Lago.

Paula Oliveto Lago

Justamente, hace pocos días, el presidente del organismo porteño en cuestión, Néstor García Lira, firmaba la prórroga de las habilitaciones vigentes para esas salas – que se venció el pasado fin de semana – hasta que Lotería Nacional definiera las concesiones, luego de que trabajadores de los establecimientos, ante la amenaza de clausuras, tomaran la sede del organismo.

Las cinco salas/bingos se encuentran en Congreso, Flores, Caballito, calle Lavalle y Belgrano. Y la deuda que suman es millonaria. Mientras tanto, en el medio de esta posible licitación, se encuentra el empresario Cristóbal López, el empresario K dueño de los tragamonedas y casinos en la ciudad.

«La deuda que tiene la Ciudad en materia de control del juego data de hace tiempo», sostuvo Oliveto Lago, pensando en los beneficios que la Ciudad, por ley, debería percibir, más allá del debate en cuanto a las limitaciones que el juego no encuentra.

En 2003 se celebró el primer convenio entre Lotería Nacional y el Instituto de Juegos de la Ciudad, donde se llegó a un acuerdo sobre  la participación de cada una de las jurisdicciones en cuanto al contralor de la actividad y la distribución, el cual significó un grave perjuicio para la Ciudad dado que la distribución de ingresos estipulada fue injusta. Este convenio ha sido prorrogado por los distintos gobiernos cada cuatro años.

En el 2008, mediante una propuesta del Bloque de Diputados de la Coalición Cívica, se aprobó una alícuota del 8% de impuesto a los Ingresos Brutos a las actividades vinculadas con el juego en la Ciudad. La misma fue apelada por algunos empresarios «a fin de evitar el pago de los ingresos brutos invocando cuestiones jurisdiccionales e interponiendo medidas cautelares que no permitieron a la Ciudad ejercer su potestad tributaria», resaltó la diputada Inés Gorbea.

Finalmente, en 2013, el Poder Ejecutivo local envía a la Legislatura un nuevo convenio, aprobado mediante trámite exprés, en el cual renuncia al cobro del impuesto por Ingresos Brutos al juego tanto en el presente como para el futuro, y condona las deudas existentes en dicho concepto.

Por su parte, Oliveto Lago hizo énfasis en que «indudablemente este convenio genera un injusto privilegio a favor de un particular, desdeñando la defensa de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires» y finalizó diciendo que  «es  necesario una gestión exitosa de los funcionarios de la Ciudad para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y no para favorecer a unos pocos amigos como demuestra claramente el manejo del juego».