La presentación de ambos proyectos tuvo lugar en el marco de la charla organizada por el CELS y ACIJ sobre alquileres en la Ciudad en la UMET.
Andrea Conde, diputada porteña por el FPV y Presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura Porteña presentó dos proyectos de ley elaborados con el objeto de asistir a víctimas de violencia de género para que puedan abandonar la casa en la que cohabitan con el agresor. De acuerdo a las estadísticas, el 72% de los femicidios ocurridos en 2015, fueron dentro de la vivienda que compartían la víctima y el agresor.
La presentación de estos documentos se realizó en el marco de la charla organizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) «Propuestas para un alquiler justo en la ciudad. El rol del Estado en la regulación del mercado”, del que participaron organizaciones sociales, funcionarios públicos y legisladores, en la UMET – Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo.
«Los obstáculos que se presentan a la hora de alquilar se ven agravados por la urgencia y la necesidad que se impone cuando las mujeres que se encuentran atravesando situaciones de violencia de género deciden abandonar la vivienda en la que cohabitan con el agresor», manifestó la diputada durante la reunión.
En concreto, el primer proyecto propone la creación de un “Fondo de Alternativas Habitacionales Transitorias para mujeres en situación de Violencia de Género” destinado a brindar soluciones habitacionales a mujeres en situación de violencia de género. El fondo tendrá un mínimo de 25 millones de pesos y las beneficiarias deberán ser mayores de edad o estar emancipadas y acreditar mediante cualquier tipo de certificación –ya sea de organismo público o privado- haber recibido atención en virtud de una situación de violencia de género.
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| Andrea Conde |
«Es una realidad que en muchísimos casos de violencia de género, la mujer no cuenta con recursos para abandonar la casa en común y eso lleva a que las situaciones se repitan una y otra vez. Las mujeres tenemos que tener un recurso para alejarnos de la pareja que nos somete y maltrata y debe ser una política de Estado asistirnos. Si la mujer que sufre esta problemática no tiene recursos para irse a otro lado, la estamos condenando a seguir viviendo en la violencia«, enfatizó Conde.
Con respecto al segundo proyecto, se buscó tener en cuenta a las mujeres que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad o que no cuentan con ingresos económicos suficientes para solventar un alquiler formal. Este proyecto busca brindar una asistencia económica para vivienda o manutención. Además, propone acciones de formación y búsqueda laboral para fortalecer las capacidades y habilidades de las mujeres en situación de violencia de género y tender a su inserción laboral.
«El objetivo de este proyecto es el desarrollo personal de esas mujeres y la generación de condiciones de independencia económica para aquellos casos en que no se cuenta con un trabajo u otros recursos económicos o fuentes de ingresos. Es habitual que los varones que ejercen la violencia de género sobre sus parejas también les prohíban trabajar o salir de la casa, para reforzar el control que ejercen sobre ellas. Cuando no hay posibilidad de independencia económica, esto se vuelve un agravante de la violencia de género», explicó la legisladora.
Además participaron del encuentro el titular del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, Juan Ignacio Maquieyra, y representantes de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Inquilinos Agrupados, HABITAR Argentina, Movimiento de Ocupantes e Inquilinos y Hábitat para la humanidad.
