La lucha de meses obtuvo finalmente sus frutos cuando el pasado jueves 24 de Agosto, los diputados porteños aprobaron la nueva ley de alquileres que aporta varios beneficios para los inquilinos.
El gran logro es aquel que marca que, de ahora en mas, en los contratos de alquileres que se realicen en la Ciudad de Buenos Aires, las inmobiliarias no podrán cobrar más del 4,15 % de comisión.
Los inquilinos tampoco deberán pagar comisiones u honorarios por corretajes o por la administración de las locaciones, y las inmobiliarias no podrán cobrarles gastos de gestoría de informes.
El proyecto fue aprobado por 51 votos a favor, 2 abstenciones y ninguno en contra, en medio de una fuerte polémica con las inmobiliarias que vienen realizando «lobby» y publicando solicitadas en diarios en rechazo a la iniciativa.
Una variada cantidad de proyectos fueron tratados en las comisiones correspondiente en la Legislatura local. Organizaciones de inquilinos – entre ellos Inquilinos Agrupados -, la defensoría del pueblo y otras instituciones presentaron documentos. Finalmente, el oficialismo porteño incorporó un proyecto que reunía aspectos de los ya presentados por otros bloques.
De acuerdo a la Encuesta Anual de Hogares de la Ciudad, el 35,7% de los inmuebles con destino para viviendas son ocupados por inquilinos.
Las nuevas normas para proteger a los inquilinos de viviendas de posibles abusos de propietarios e intermediarios, se dispusieron mediante modificaciones a la Ley 2340 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado de la Ley 5666), que es la que regula las actividades de los corredores inmobiliarios.
“Para los casos de locaciones de inmuebles con destino habitacional en los que el locatario sea una persona física, el monto máximo de la comisión será el equivalente al 4,15 por ciento del valor total del respectivo contrato, a cargo del locador”. (nuevo inciso 2 del art. 11).
“Queda expresamente prohibido en las locaciones con destino habitacional en los que el locatario sea una persona física, requerir y/o percibir, mediante cualquier forma de pago, comisiones inmobiliarias y/u honorarios por la intermediación o corretaje a locatarios, sublocatarios y/o continuadores de la locación. La prohibición resulta extensiva a los honorarios por la administración de dichas locaciones” (nuevo inciso 7 del artículo 13).
Las inmobiliarias podrán “solicitar informes a los organismos oficiales sobre las condiciones de dominio, gravámenes e inhibiciones (…) Los costos de gestoría de dichos informes no podrán ser requeridos a los locatarios de inmuebles con destino habitacional que sean personas físicas” (nuevo inciso 2 del art. 10).
Tanto en las publicaciones de página web cuanto en carteles de las oficinas inmobiliarias, se debe informar de manera clara y visible lo siguiente: “Se encuentra prohibido cobrar comisiones inmobiliarias y gastos de gestoría de informes a los inquilinos que sean personas físicas. Para los casos de alquiler de vivienda, el monto máximo de comisión que se le puede requerir a los propietarios será del 4,15 por ciento del valor total del contrato”. “Se encuentra prohibido cobrar a los inquilinos que sean personas físicas comisiones inmobiliarias y gastos de gestoría de informes”.
La reacción de las inmobiliarias
Desde el Colegio Profesional Inmobiliario tildan a la reforma de la ley 2.340 de «arbitraria», y advierten que provocará «el cierre de inmobiliarias». Además, afirman que «persigue» a la profesión inmobiliaria y «aumentará el precio de los alquileres».
La entidad planteó que la iniciativa «viola la ley y la Constitución», ya que el «nuevo Código Civil y Comercial dispone expresamente en el artículo 1351 respecto de las operaciones inmobiliarias, que si solo interviene un corredor todas las partes le deben comisión, y así presume que los servicios no son gratuitos».
«El costo que tendrá que afrontar el locador se trasladará al locatario. Por ejemplo, cuando ponga en alquiler un departamento por $7000, pedirá $7000 más el valor de la comisión dividido en 24 meses. Esta no es una reforma a la ley de alquileres, sino una quita de ingreso a los operadores inmobiliarios», alertó Héctor D’ Odorico, Presidente del Colegio Profesional Inmobiliario (CPI), en declaraciones a portales web.
Dicen los diputados
Andrea Conde (FpV): «Votamos a favor del proyecto de alquileres aunque es una solución muy parcial».
«La propia Dirección General de Estadísticas y Censos del Gobierno porteño reconoce que los alquileres subieron más del 35% sólo en el último año», señaló la diputada.
«Es imprescindible avanzar en la reformulación del sistema de garantías, de modo que sea aplicable y atractivo para los locadores y que permita ampliar el acceso a la vivienda a miles de personas que no tienen garantía propietaria en la Ciudad», cerró Conde.
Daniel Del Sol (PRO): «Es un primer paso muy importante que beneficiará a miles de porteños, ya que significará una reducción de la inversión que se hace al acceder a un alquiler».
«La segunda etapa estará vinculada con las garantías. Queremos una Ciudad con mejor acceso a la vivienda. Esta ley está en el marco de una política de vivienda que asumimos, como los créditos hipotecarios que están creciendo», expresó Del Sol.
Diego García Vilas (Confianza Pública): «Entendemos que podría haberse avanzado en otros sentidos, por ejemplo -tal como propusimos desde Confianza Pública- en los gastos de renovación, donde los corredores inmobiliarios no tienen casi ningún tipo de intervención, pero igual pretenden percibir la comisión del 4.15% del total del contrato», explicó el legislador.
En este sentido, García Vilas planteó incorporar un artículo en la Ley de manera tal que «Si una vez vencido el plazo del contrato de locación original, locador y locatario deciden libremente prorrogar dicho contrato o bien renegociar sus condiciones, el corredor inmobiliario podrá percibir una comisión, que no deberá superar el monto equivalente al 1% del respectivo contrato».
La diputada Paula Penacca (FPV), afirmó que «hoy dimos un paso importante en la defensa de los derechos de los inquilinos. Fue producto del reclamo y el trabajo organizado de ciudadanos y ciudadanas que se cansaron de los abusos del sistema inmobiliario».
«Lamentamos que el jefe de Gobierno haya recortado la ley que proponíamos y cercenado así la posibilidad de garantizar el real acceso al alquiler en condiciones justas. Sobre todo en este contexto de retracción económica donde los tarifazos, el aumento de ABL y la pérdida de poder adquisitivo del salario hace cada vez más difícil alquilar», agregó.
El diputado del socialismo auténtico, Adrián Camps, quien fue el primer legislador que presentó un proyecto para terminar con los abusos de las inmobiliarias, remarcó que «si bien la ley aprobada no contempla la totalidad de las reivindicaciones de los inquilinos, significa un importante alivio para aquellos que deben dar inicio a un contrato de locación de una vivienda y que, hasta ahora, debían pagar el equivalente a 4 o 5 meses de alquiler al momento de firmar la documentación».
«En la Ciudad de Buenos Aires se estima que más de 900.000 personas viven en viviendas alquiladas; los costos de los alquileres y de los servicios se han incrementado por encima de los salarios y muchos ciudadanos no logran reunir los montos requeridos para dar inicio a un contrato o renovar el vencido», finalizó Adrián Camps.
