La Legislatura aprobó el viernes pasado en todos sus términos el Consenso Fiscal celebrado el 16 de noviembre pasado entre el Estado Nacional y el Ejecutivo porteño.

En mayo de 2016 los gobernadores de 19 provincias, el Vicejefe de Gobierno de la CABA y el Ministro del Interior de la Nación firmaron el Acuerdo para un Nuevo Federalismo por el cual se estableció un esquema de eliminación gradual de la detracción del 15% de la masa de impuestos coparticipables que desde 1997 se destinaba a la Administración Nacional de la Seguridad Social -ANSES.

Por medio de la Ley 27.260 de Reparación Histórica el Congreso de la Nación ratificó ese acuerdo. Y en agosto del año pasado el Estado Nacional, las provincias y la CABA se comprometieron a implementar políticas tributarias destinadas a promover el aumento de la tasa de inversión y de empleo privado, que alivianen la carga tributaria de aquellos impuestos que presentan mayores efectos distorsivos sobre la actividad económica, estableciendo niveles de imposición acordes con el desarrollo competitivo de las diversas actividades económicas y con la capacidad contributiva de los actores.

En el Recinto, la miembro informante fue la legisladora Paula Villalba (Vamos Juntos) y tras el debate la votación nominal en general resultó de 40 votos afirmativos (VJ, MC), 18 negativos (UC, BP, PS, AyL, FIT, PTS-FI) y la abstención de GEN.

«La modificación a la Ley Tarifaria 2018-2022 tiene por objeto avanzar en el compromiso de implementar políticas que alivianen la presión tributaria, en lo que respecta a impuestos distorsivos y regresivos tales como Ingresos Brutos y Sellos», afirmó Villalba.

«En cuanto a los Ingresos Brutos, el impacto de esta reforma alcanzará una reducción del 14% sobre la recaudación total de este impuesto, en tanto que en Sellos la merma alcanzará el 42% del total de este impuesto, haciendo la Ciudad de Buenos Aires un gran esfuerzo fiscal», manifestó la Diputada.

Además, Villalba destacó que habrá una eliminación total de IIBB para los créditos hipotecarios. «Con esta medida, una vez más, estamos priorizando que más familias adquieran su casa propia, dándoles una mejor calidad de vida y la posibilidad cierta de sentirse ciudadanos plenos, con derecho a acceder a la propiedad de su vivienda», expresó.

La Ciudad se adhirió a la Ley Nacional N° 27.349 de Apoyo al Capital Emprendedor.

El 29 de marzo de 2017 el Congreso Nacional sancionó la ley promulgada mediante el Decreto N° 252/2017. A través de esta norma la administración nacional busca facilitar la constitución, promoción y el crecimiento de emprendimientos en el territorio argentino.

La Ley representa un fuerte apoyo a los emprendedores de todo el país y apunta a fomentar la generación de más y mejor empleo a partir de la promoción de ideas argentinas, conjuntamente con la simplificación de los trámites a efectos de la constitución de pequeñas empresas mediante la creación de una nueva figura jurídica, la “Sociedad por Acciones Simplificada”, creando además un Registro de Instituciones de Capital Emprendedor y un Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Capital Emprendedor, habilitando el “crowfunding”, sistema de financiamiento colectivo cuyo objetivo es vincular, mediante plataformas diseñadas a tal fin, a potenciales inversores con aquellas personas físicas o jurídicas, que soliciten fondos para sus emprendimientos.

La Ciudad de Buenos Aires también adhirió al Régimen de Fomento de Inversiones previsto en el Título III y a lo indicado en el Titulo IV de la Ley Nacional Nº 27.264 “Programa de Recuperación Productiva”.

El 13 de julio pasado el Congreso Nacional sancionó la normativa que instituyó el carácter permanente del Programa que fuera creado por la Resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social N° 481 del 10 de julio de 2002. Tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018.

Se otorgó a la Asociación Civil Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios –C.E.P.A.– un permiso de uso precario a título gratuito por 10 años del predio ubicado en la calle Ciudad de la Paz al 100, esquina Concepción Arenal -barrio de Colegiales, Comuna 13- para el funcionamiento de su sede administrativa, social y de capacitación.

La iniciativa legislativa impulsada por el diputado MC Gabriel Fuks se aprobó en primera lectura por unanimidad, por lo que será convocada una Audiencia Pública previa a la aprobación definitiva. 

El C.E.PA. es una asociación civil sin fines de lucro y de carácter voluntario que promueve, instruye y trabaja en contextos que requieran de asistencia humanitaria.

Ha formado parte de las ONG más significativas en este campo dentro del territorio argentino. Trabajan desde el año 2002, inicialmente con la apertura de la sede central en Puerto Madryn y desde entonces su red humanitaria ha estado en constante crecimiento.

Se aprobó en primera lectura la ley que otorga a la Fundación UOCRA para la Educación de los Trabajadores Constructores el permiso de uso a título precario y gratuito, por el término de 20 años, del predio ubicado en Parque Patricios – Comuna 4, precisamente en Monteagudo N° 345/347/351/355, Prof. Dr. Pedro Chutro N° 3055, Iguazú N° 346/360 y Los Patos N° 3004. El mismo deberá ser destinado exclusivamente por la entidad beneficiaria al funcionamiento del Centro de Formación Profesional N° 37 «Pedro Chutro», dependiente de la entidad.

La Fundación forma parte de la Red Social UOCRA desde hace 25 años, y tiene por objetivo institucional el desarrollo y gestión de diversas acciones que permiten dar respuestas a las demandas del colectivo de trabajadores y sus familias en particular y a la sociedad en general, brindando una educación de excelencia, actualizada e integral.

Se trata de la deuda por ABL que mantiene la Fundación Alfredo Palacios con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el inmueble sito en la calle Charcas 4741 del barrio de Palermo – Comuna 14.

La Fundación realiza esfuerzos para preservar la biblioteca y ponerla a disposición de todos como un lugar de encuentro, charla, debate de ideas, en la casa de quien fuera abogado y el primer legislador socialista de América Latina.

«Estamos persuadidos que condonar la deuda, que por la labor de la institución y lo que representa el inmueble para nuestra ciudad es de toda justicia y sin dudas será volcado en beneficio de la comunidad. El predio constituye un espacio histórico que es patrimonio cultural», sostuvo en los fundamentos del proyecto su autor, diputado Carlos Tomada (UC).