La polémica respecto a las ventajas y desventajas entre la administración estatal y la privada escala posiciones en el ranking de los temas más discutidos en la agenda porteña.

Diversos edificios, construcciones emblemáticas y predios de la Ciudad podrían pasar a ser controlados por firmas privadas, de acuerdo al listado del llamado a licitaciones que el Gobierno local tiene en su sitio web (Ver listado completo)
El Planetario Galileo Galilei (Palermo), el Autódromo Gálvez (Villa Riachuelo), el complejo Buenos Aires Design (Recoleta), El Mercado El Dorrego (Colegiales), El Tiro Federal (Nuñez) y el Golf Club José Jurado (Villa Lugano) son algunos de los ejemplos que se encuentran en ese extenso listado.

También aparecen mencionados terrenos bajo autopistas o locales comerciales, como algunos de los que se encuentran en las recientemente renovadas galerías subterráneas que cruzan la 9 de Julio, en el barrio de San Nicolás.

La Discusión eterna

Espontáneamente revive el debate al que nos acostumbramos cada década, y que probablemente se acentuó durante las Presidencias de Perón (1945 – 1955), las de Carlos Menem (1989 – 1999) y las del matrimonio Kirchner (2003 – 2015)

La pregunta surge espontáneamente: ¿Hasta qué punto es conveniente que el estado delegue la administración de sus inmuebles a la explotación privada?

Es cierto que, a priori, la manipulación de una firma o marca específica supondría ciertos “beneficios”: Un ingreso adicional para el Gobierno de turno – el canon -, mejoras en infraestructura (comodidades, accesos y otros), etcétera. Básicamente, como suele decirse, una “puesta en valor”.

Sin embargo, por el otro lado, se genera la sensación de que parte del patrimonio porteño se rifa, en muchas ocasiones por costos bajos. Incluso, el temor se basa en la posible limitación para el acceso público general, sea por cobro de ingreso o de consumo, o por el simple hecho de que la marca privada desea lucrar con su “nuevo espacio” de la manera que le plazca.

Para eso existen los contratos de concesión, y los controles de las autoridades estatales: para fijar las “contraprestaciones” que el Gobierno de la Ciudad exigiría al privado a cambio de la explotación.

Aun así, el concepto de “vender la ciudad” permanece presente y se instala en el seno de la discusión.

Muchos de los casos de licitaciones implican la colocación un bar/confitería o similares dentro del edificio o predio en cuestión para la explotación comercial, más allá del rubro al cual pertenezca el inmueble, que generalmente tienen que ver con exposiciones artísticas, desenvolvimiento social y deportivo o para investigación.

El Planetario y el Museo Sivori (la pintoresa “casita” que se encuentra frente al ingreso principal del Rosedal de Palermo), son dos exponentes.

No obstante, también se mezclan en la lista lugares de esparcimiento deportivo, como los polideportivos Onega, Colegiales y Catalinas Sur, la Asociación Ciclismo de Buenos Aires, el Kartodromo, el Parque Ribera Sur, el Club Hípico Municipal General San Martín, entre otros.

Varias presencias en la extensa lista llaman la atención y se repiten: Más de 50 calesitas esparcidas en la Ciudad, terrenos bajo autopistas, playas de estacionamiento o hasta la Antena sobre la Torre Espacial del ex Parque de la Ciudad, en Villa Soldati (Dato de color: Con 200 metros, es la construcción humana más alta de toda la República Argentina)

De todos modos, hay casos en estos llamados a licitación de puntos que ya fueron entregados temporalmente a privados en tiempos pasados, con calidad de explotación diversa. Tal es el caso del Golf Club José Jurado, cuya concesión vence a fines de noviembre de este año. O podemos encontrar en el Jardín Zoológico otro de los ejemplos más populares de la Ciudad.

Las concreciones e intentos del pasado reciente.

El caso especial de los Espacios Verdes

La administración del PRO en Buenos Aires – que arrancó en el 2007 – tiene en su historial de buenas y malas medidas, una lista de iniciativas que tienden a avanzar sobre lo público, aunque algunas han quedado truncas.

Se destaca la ley que permite la colocación de bares en plazas y espacios verdes, aprobada a fines del 2013.

Esta ley ahora – y desde antes de su sanción – se topa con el rechazo de vecinos que defienden los espacios verdes. El caso más relevante en las últimas semanas es del Parque Chacabuco, donde se está intentando levantar puestos, (Facebook Asamblea Parque Chacabuco) a pesar de las estadísticas oficiales que marcan la pérdida de 44.5 ha de espacios verdes en la ciudad en toda la gestión macrista, además de tener menos plazoletas, canteros y árboles.

No es una cuestión solamente estética. Pensarlo de ese modo sería muy simple y superficial. Los espacios verdes y el arbolado cumple funciones relevantes en las ciudades, que incluye refrescar el aire circundante, producir oxígeno, regular la humedad ambiente, disminuir ruidos, atenuar los vientos y retener el agua de lluvia.

Y sobre el PRO pesa la queja por priorizar el cemento en sus obras de mejoramiento de los pulmones verdes porteños. La Ciudad está lejos de alcanzar los 10 m2 por persona que marca como mínimo la Organización Mundial de la Salud (OMS)

(Recomendación: Ver nota Infobae del jueves 3 deSeptiembre)

Incluso la colocación de parquímetros es una forma de privatizar, en este caso, el estacionamiento libre en la vía pública, aun cuando este disfrazado como un intento de desalentar el uso de vehículos particulares (Lo cual fija otra contradicción con el discurso del mismo oficialismo porteño cuando se refieren a la prohibición total de los “Trapitos”, que de todos modos implica otra interesante discusión ajena a esta nota)

En el listado también encontramos el repetido intento porotorgarle a IRSA los terrenos ferroviarios lindantes al estadio de Ferro paralevantar un Shopping, el proyecto del microestadio en Balvanera (predio entre  Jujuy, Belgrano, Catamarca y Moreno) e incluso el intento trunco de concesionar el uso de las bicicletas amarillas que pululan por las calles porteñas.

Recomendación: Leer Denuncia: Concesión ilegal de espacios verdes en la Ciudad)

La “contaminación” ocasionadas por las irregularidades

La potencial discusión que se generaría sobre esta temática queda tristemente manchada cuando empiezan a surgir las denuncias/sospechas de irregularidades: Licitaciones decretadas sin tratamiento legislativo, entrega de tierras sin respetar el Código de Planeamiento Urbano, costos bajos para las firmas que explotarían el predio/edificio/terreno y hasta la idea del “regalo a los amigos del poder”.

Ello sucede con el predio del Golf Club José Jurado. El legislador Gustavo Vera trabajó en una denuncia porque el predio ocupa 45 hectáreas del Parque de la Victoria, en Lugano, que viola una zonificación que figura como Urbanización Parque (UP).

El dato: ¿Qué es UP? Son zonas destinadas a espacios verdes o parquizados de uso público. El Gobierno de la Ciudad solamente podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública que complementen y no alteren el carácter de los mismos.

Lo mismo sucede en el caso del Predio del Tiro Federal, que desde hace 26 años funciona sin concesión y que ahora podría ser destinado para crear el Parque de la Innnovación, un ambicioso proyecto inmobiliario/residencial privado.

(Recomendación: Leer nota Tiempo Argentino del 15de Septiembre)

La reacción de los diputados opositores

Los legisladores porteños opuestos al macrismo, en especial aquellos que se ubican en las antípodas ideológicas, argumentaron su fuerte rechazo a esta avanzada privatizadora.

Alejandro Bodart (MST – Nueva Izquierda) señaló que “a meses de dejar el gobierno, (Macri) sigue entregando el poco espacio público que queda en la Ciudad. Su modelo es el de la entrega indiscriminada al negocio inmobiliario y la cementación.»

Bodart agregó: «Es necesario aumentar el espacio verde público, por eso acompañamos el reclamo de los vecinos de la Manzana 66 de Balvanera para que se haga un parque y no un microestadio; que se termine de construir la Plaza Ladislao Biro de Colegiales, prometida hace dos años, y que no se concesione el bar en Parque Chacabuco».

El legislador Pablo Bergel (bloque VerdealSur), por su parte, presentó un proyecto alternativo para evitar la venta del complejo Buenos Aires Design y restituir las instalaciones al aledaño Centro Cultural Recoleta considerándolo una totalidad indivisible de estructura y sentido, cuya gestión debe ser indelegable y directa, a cargo del gobierno de la ciudad, quien deberá destinarlo en su totalidad y exclusivamente a la programación cultural de la ciudad.

En la actualidad el complejo es explotado por la empresa IRSA que pagaba, según una denuncia presentada en 2014 por los diputados Bergel, Gustavo Vera y Facundo Di Filippo (MC), la irrisoria suma de 49 mil pesos por mes de canon, un monto insignificante si se considera que cada local del complejo paga un alquiler similar o superior, amén de las más de 200 cocheras que la empresa también explota.

«Los vecinos y la ciudadanía, a través de los Concejos Consultivos, las Juntas Comunales y las organizaciones sociales formales o autoconvocadas, deben ser ineludiblemente informados y consultados en cada caso, y hacerse su voluntad», finalizó Bergel.

Finalmente, Rafael Gentili, ex legislador, hizo especial hincapié en el caso del Autódromo, al calificarlo como una “excusa para regalar tierra pública a dedo”.

Para ello se basó en un nuevo y exhaustivo informe del Laboratorio de Políticas Públicas, elaborado por Hernán Petrelli y Hernán González Badián, que analiza el proyecto de privatización para el autódromo Juan y Oscar Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires.

Gentili afirmó que “así como está redactado, el proyecto prevé la construcción de edificios de hasta 8 pisos en casi todo el frente del Autódromo que da sobre la Av. Cnel. Roca. Al mismo tiempo, la Corporación del Sur, en su condición de representante de uno de los fiduciantes, podría terminar vendiendo estas tierras. Y quienes las compren (por ej. los desarrolladores de los proyectos inmobiliarios que se citan en el proyecto: hoteles, oficinas, cocheras, etc.) podrían deducir el importe de esta compra de los impuestos que estarían exceptuados (Ingresos Brutos, Sellos, Delineación y Construcción, etc.).  O sea, que la tierra les saldría regalada”.