A través del decreto 873/16, publicado en el Boletín Oficial, el presidente Mauricio Macri dispuso el traspaso de la Nación a la Ciudad de la gestión de los programas de asistencia directa y los dispositivos gubernamentales de intervención con adolescentes infractores a la Ley Penal.

La decisión del estado nacional fue celebrada por el Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes de la Legislatura, que se haría cargo de lo que es la DINAI (Dirección Nacional de Adolescentes infractores a la ley penal): “Celebramos una trasferencia de este tipo, que fortalece las competencias jurisdiccionales de la CABA, y permite en lo particular que el Estado de la Ciudad pueda velar por la plena vigencia de los derechos de todos los NNyA de la Ciudad”.

El Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es el organismo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires encargado de promover y proteger el cumplimiento de los derechos de las chicas y chicos de la Ciudad.
El Consejo está conformado por una Dirección Ejecutiva (Presidencia y Vicepresidencia) y un Plenario que integran funcionarios del Poder Ejecutivo, Organizaciones No Gubernamentales, representantes del Ministerio Público y cinco profesionales con formación y antecedentes científicos y técnicos, especializados en la temática de la niñez y adolescencia, designados por la Legislatura.

No obstante, Jose Eduardo Machain, uno de los consejero por la Legislatura en el Consejo detalló que este proceso «significa que la Ciudad deberá hacerse cargo aproximadamente de unos 120 adolescentes alojados en Centros Socioeducativas de Régimen Cerrado, más otros 250 adolescentes en Residencias Socioeducativas de libertad restringida y  A esto hay que considerar también el traspaso de unos 700 trabajadores».

Y a continuación agregó: “Esto implica que el Gobierno porteño deberá no solo contemplar las partidas presupuestarias de semejante responsabilidad que asumirá; sino también la oportunidad de diseñar y contar con dispositivos que garanticen medidas alternativas a la privación de libertad; de forma de evitar la superpoblación de los Centros con las consecuencias no deseadas que este tipo de situaciones pudieran generarse”.

El Estado Nacional traspasó de la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia (SENAF) a la órbita del gobierno de la Ciudad losCentros socioeducativos de Régimen Cerrado y el Cuerpo Especial de Seguridad y Vigilancia.

No obstante, el documento no especifica ninguna de las condiciones en las que se realizará dicho proceso. En este contexto, la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura porteña presentó un pedido de informes para conocer las condiciones de dicho traspaso.

En el pedido de informes se listan varias preguntas para que el Gobierno de la Ciudad responda acerca de cuál será la autoridad de aplicación, qué presupuesto tendrán los programas, si se respetarán las condiciones laborales de todos los trabajadores afectados a dichos programas y los plazos previstos, entre otras.

Al respecto, Andrea Conde, diputada por el FPV y presidenta de la Comisión, expresó: «El traspaso de los centros de régimen cerrado de Nación a la Ciudad es un misterio. Estamos profundamente preocupados porque no hay claridad sobre cuál será la modalidad de traspaso de los y las trabajadores, ni de qué manera y bajo qué perspectiva se trabajará con los adolescentes durante su permanencia en los centros, para prevenir su ingreso y acompañar su egreso.»

«La Ciudad no debe desaprovechar esta oportunidad para discutir democráticamente la mejor manera de garantizar los derechos de los pibes y pibas de la Ciudad. La efectiva garantía de derechos requiere de un abordaje integral y con una perspectiva de inclusión social dotado de recursos, políticas efectivas y trabajadores de la infancia jerarquizados», agregó Conde.