La Legislatura de la Ciudad debatirá mañana lunes 18, en una sesión extraordinaria, el convenio entre el Estado Nacional y el local para efectivizar el traspaso del personal, bienes y funciones de la Policía Federal.
Se trata del «Convenio de transferencia progresiva a la CABA de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercitas en la Ciudad», que fue suscripto el pasado cinco de enero entre el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta.
Desde el Laboratorio de Políticas Públicas (LPP), Rafael Gentili, ex legislador porteño, dio a conocer el texto completo del acuerdo y analizó los puntos fundamentales.
(El texto completo se puede descargar en: http://lppargentina.org.ar/
“Es una decisión importante y auspiciosa. Se trata de la medida más trascendente a favor de la autonomía porteña, desde la instauración del gobierno propio y la sanción de la Constitución local en 1996”, expresa Gentili y agrega: “Que los dos gobiernos sean del mismo signo político es, sin dudas, un facilitador en la medida de que los funcionarios no tomen esto como un pase libre para hacer cualquier cosa”.
En caso que se apruebe el convenio, el jefe de gobierno porteño estará al mando de una fuerza que contará con más de 21.000 efectivos uniformados, ya que el personal de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal se sumará a los 6300 agentes de la Policía Metropolitana.
Gentili afirma que deben seguirse con atención algunos puntos importantes del convenio: el proceso de fusión entre la Policía Federal transferida y la Policía Metropolitana; la situación laboral del personal transferido; la función de la Policía Adicional; el Protocolo local sobre piquetes, cortes de calles, espectáculos deportivos; fondos presupuestarios involucrados en el traspaso y su sustentabilidad a lo largo del tiempo.
En el contexto de la discusión sobre despidos en el ámbito público, Gentili plantea algunos interrogantes que no están definidos en el texto del convenio respecto a la situación laboral: ¿Se van a fusionar los escalafones de la Policía Federal y la Policía Metropolitana o van a convivir? ¿Cómo se garantiza que los agentes de ambas fuerzas cobren el mismo salario por la misma tarea? ¿De dónde se van a obtener los recursos presupuestarios que hacen falta para hacer efectiva esta equiparación salarial? ¿Va a haber un solo régimen laboral o varios?
“La transferencia de recursos también es el gran ausente del convenio”, destaca Gentili, “Hay varias alternativas posibles, pero se necesitará mucha pedagogía así como voluntad y firmeza política para sortear las objeciones de quienes intentarán transformar este punto en un debate en una arcaica pelea entre unitarios y federales”.
Gentili destaca que en la Ciudad, es necesaria la ratificación parlamentaria en la medida de que la Legislatura, en ningún momento, le otorgó mandato al ejecutivo local para aceptar la transferencia de cualquier modo. Pero la vigencia del convenio se hizo efectiva a partir del día siguiente que ambos mandatarios estamparon la firma. La aprobación de los diputados porteños serviría «solamente» para perfeccionar el proceso.
Con respecto a la implementación del Convenio, Gentili explica que el texto habla de un período de transición de un año en el cual la transferencia es integral aunque con plazos diferentes. Involucra personal, bienes muebles, inmuebles e intangibles (programas informáticos, etc.) y contratos en ejecución. Lo que es automático es el ejercicio del mando político y operativo. O sea, desde el 6 de enero de 2016 quien da las órdenes en todo lo que tenga que ver con la seguridad en temas no federales, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, es su Jefe de Gobierno.
El corazón del traspaso está concentrado en 2: las Superintendencias de Seguridad Metropolitana y de Bomberos, que son las áreas donde está el grueso de los agentes que prestan servicios en el territorio de la Ciudad. En el período de transición, estas tareas continuarán a cargo de las Superintendencias que quedaron bajo la órbita nacional.
Desde el 6 de enero es responsabilidad de los funcionarios porteños la elaboración de un Protocolo de actuación en el caso de piquetes, cortes de calle y espectáculos deportivos. “Se trata de un tema sensible que requiere el mayor consenso posible previo a su implementación, incluso con la participación de los actores involucrados (sindicatos, organizaciones sociales, partidos políticos, etc.)”, finaliza Gentili.
