La muerte de 6 personas durante y después de la Fiesta Electrónica Time Warp, realizada en Costa Salguero el viernes pasado, generó debates que se intensifican en todos los ámbitos.
La Agencia Gubernamental de Control se presentó ante los legisladores de la Ciudad para compartir sus informes y documentos que certifican los controles llevados a cabo en el predio.

En la siguiente nota, conoceremos las irregularidades en la concesión del Predio Costa Salguero y la mirada crítica y preocupante de los diputados opositores al PRO, alarmados por la acción – o inacción – del Gobierno de la Ciudad ante las situaciones anteriores a la realización del evento.

La concesión irregular

A través de un comunicado, la Asociación Justicia Ambiental y elObservatorio del Derecho a la Ciudad justificaron porque el GCBA durante años ha violado la normativa de la Ciudad que prohíbe que se puedan realizar este tipo de actividades comerciales en el Complejo Costa Salguero.

Actualmente Telemetrix S.A. paga $ 263.576 como canon por todo el predio Costa Salguero por mes.
Son aproximadamente 17 hectáreas (170.000 m2) donde existen 23 sub-concesionarios que explotan distintos emprendimientos.
Según el detalle en el comunicado, el GCBA está cobrando $1,5 por m2 por mes: Menos de lo que se paga un alquiler en la zona más cercana, donde se está pagando por el alquiler de 1m2 desde $ 160 a $250. (Nota recomendada)
La concesionaria paga, por lo menos, 100 veces menos de acuerdo a lo que el mercado establece.

¿Porqué se matiene esta concesión? Uno de los sub-concesionarios es la empresa Centro Costa Salguero S.A. que explota los cinco pabellones del Centro de Exposiciones, en los cuáles se realizó la fiesta electrónica Time Warp. El esposo de Carmen Polledo (Vicepresidente primero de la Legislatura de la Ciudad y diputada del PRO), el Sr. Fernando Polledo Oliera integra el Directorio de Centro Costa Salguero S.A.

La cláusula Primera del título II OBJETO del contrato del día 29 de diciembre de 1988dispone que el predio será destinado para la ejecución de obras civiles e instalaciones para la habilitación de un Complejo Polideportivo y actividades comerciales complementarias relacionadas con el conjunto a desarrollar en el predio.

Actualmente, según la ley 449 el predio conocido como Costa Salguero posee zonificación Urbanización[3] Parque (UP)[4] y Urbanización Futura (UF)[5].

Para aclarar: en los distritos UF sólo se permiten los usos que sean compatibles con las zonificaciones adyacentes. En este caso, las zonificaciones adyacentes son UP.
Ninguna de las actuales actividades que se desarrollan en el predio de Costa Salguero son compatibles con la zonificación UP (playas de estacionamiento, boliches bailables, restaurantes, hoteles, oficinas comerciales, salones de conferencias, centros de exposiciones, agencia de autos, eventos musicales, etc.).

El comunicado es claro en sus últimas líneas: «Todas estas cuestiones ilegales ameritan a que la concesión del Complejo Costa Salguero sea finalizada y que dichos predios sean destinados para el disfrute público, principalmente espacios verdes públicos como establece la Constitución de la Ciudad y el Código de Planeamiento Urbano».

Los argumentos opositores

El ex legislador porteño Alejandro Bodart(MST) afirmó: “Con el PRO sigue la Ciudad Cromañón. La concesión del predio es irregular, no habilita ese tipo de fiestas. La ley PRO del Distrito Joven, que en diciembre pasado voté en contra, no sólo busca convalidar ese negocio perverso sino además otorgarle exenciones fiscales escandalosas.”

Bodart agregó: “Si con Aníbal Ibarra tuvimos Cromañón, el gobierno macrista nos trajo más muertes en Iron Mountain, Beara, talleres clandestinos y obras de construcción. Cuando más hay que reforzar los controles públicos, el PRO más los debilita: disolvió el Registro de Profesionales Verificadores y busca desmantelar el Cuerpo de Inspectores del Trabajo. Lamentablemente, así van a seguir estas muertes evitables”.

Lorena Pokoik advirtió que «la ausencia, negligencia o su connivencia con el poder empresarial ponen en riesgo el más elemental de los derechos: el derecho a la vida».
«Muchos de los asistentes declararon públicamente que el complejo estaba sobrepasado en relación a su capacidad, que las canillas de agua de los baños estaban clausuradas y que las botellas que se ofrecían comercialmente tenían un precio exorbitante, y que se permitió el ingreso de menores de edad», detalló la diputada kirchnerista.

El jefe de su bloque, Carlos Tomada, señaló que la cuestión principal es “la grave crisis que tiene el sistema de controles en la Ciudad, donde sobran los ejemplos. Los errores que se cometieron son por negligencia, incapacidad o connivencia, en cualquiera de los casos es gravísimo y lo peor es que fallaron una vez más”.

«¿Por qué la agencia considera que dos ambulancias, cinco médicos y diez socorristas son suficientes para la prevención sanitaria de 13 mil personas? ¿Cuál es el fundamento?”, concluyó Tomada.

Javier Gentilini opinó que «la muerte de estos jóvenes está relacionada con un Estado que falla en sus tareas de prevención y control. Por lo tanto, la tragedia de Costa Salguero demuestra la ausencia de acciones efectivas para la prevención de adicciones y la lucha contra el narcotráfico«.

El diputado del Frente Renovador aventuró un análisis más social. «Lo cierto es que buena parte de las franjas adolescentes y juveniles de la población hoy se encuentran atravesadas por el falso y ruinoso atractivo de drogas que las ponen en el riesgo cierto de perder la vida. Y eso es claramente un problema de carácter sociocultural, hacia el cual no alcanzan -en absoluto- medidas superficiales una vez que las desgracias ya sucedieron y, mucho menos, declaraciones de ocasión».

Finalmente, Adrián Camps (PSA) advirtió que “no le estoy quitando responsabilidad a los organizadores, pero si los controles hubieran existido y se hubieran garantizado las medidas de seguridad y salubridad, hoy no estaríamos hablando de esto”.

Respecto al informe de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), Camps puntualizó en los 13 mil tickets autorizados y los 10.900 tickets de ingreso, según lo informado por los organizadores: “Dos de los jóvenes, fueron encontrados ya muertos dentro del evento. Queda claro que el servicio de emergencia no era el adecuado para la cantidad de gente que participó”, advirtió.

«Cabe preguntarse, a sabiendas de que el riesgo existía (Para la venta y consumo de drogas),  que medidas de prevención del consumo y represión de la venta se desarrollaron antes y durante el evento», señaló. Y se refirió a la concesión en sí: «También es importante saber por qué se autorizó la realización de este festival en Costa Salguero. En 1992 la empresa Telemetrix S.A. fue beneficiada por una concesión a 30 años con el compromiso de destinar el predio a la ejecución de obras civiles e instalaciones para la habilitación de un Complejo Polideportivo y actividades comerciales complementarias.»

Para Adrián Camps “a la ausencia de respuestas se sumó la falta de autocrítica. Lo mejor sería reconocer lo que está pasando y buscar entre todos la solución; debatir si es necesario cambiar la normativa o sumar inspectores, en lugar de venir y negar todo”, agregó, en referencia a la exposición del titular de la AGC, Matías Álvarez Dorrego.

“Según el funcionario estaba todo bien; los inspectores, los bomberos, el puesto sanitario, las dos ambulancias, un dispenser de agua, baños químicos, funcionaba el aire acondicionado y los extractores de aire. Todo funcionaba. Pero lo cierto es que se nos murieron 5 chicos por droga, exceso de temperatura y falta de hidratación, tal lo informó la propia Ministra de Salud del Gobierno porteño”, finalizó Adrián Camps.