La semana pasada el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, envió a la Legislatura una iniciativa para regular las fiestas electrónicas.
Luego de la conmoción que produjo la tragedia en Costa Salguero, donde fallecieron cinco jóvenes en la fiesta Time Warp, a causa de la ingesta de drogas de diseño, el jefe comunal remitió al palacio legislativo el proyecto de ley para la “promoción del cuidado de asistentes a los eventos masivos de música electrónica”.
Asimismo, anunció la suspensión de este tipo de eventos hasta la aprobación de una ley que los regule. Resoluciones tardías que desnudan las falencias en los controles y habilitaciones, pero que de todos modos hicieron ruido en la agenda político-social de la ciudad.
En la iniciativa se establece que se deberá “garantizar el acceso a la hidratación adecuada” y que todos los asistentes podrán hacerlo en forma gratuita, “en todo momento y a toda hora”.
“Dichas fuentes de agua gratis deberán estar debidamente identificadas, aclaradas con materiales explicativos y a la vista de todos los participantes”, especifica el articulado.
Otro de los puntos salientes es que fija que “estas fiestas deberán realizarse al aire libre”, y si por “razones suficientemente fundadas no fuera posible”, se tendrá que solicitar un permiso especial para poder desarrollarlo en espacios cerrados o semi-cerrados.
Además, plantea “asegurar la asistencia médica” con profesionales capacitados y entrenados e “infraestructura suficiente” para “las consultas y manejo de situaciones generadas por el uso y consumo indebido de sustancias tóxicas”. Por otro lado, el texto dice que deberá asegurarse a cantidad de personal de seguridad privada y policial.
En cuanto a los organizadores, indica que “deberán presentar un protocolo de manejo frente a potenciales catástrofes sanitarias que contenga la indicación de responsables y formas de contacto directo con ellos”.
El proyecto oficialista también pide que durante el evento se difunda, mediante carteles, folletos, anuncios auditivos; la información “de prevención para reducir conductas de riesgo y responsabilizar a los asistentes de sus acciones”.
La reacción
Naturalmente, la aparición de esta iniciativa ejecutiva generó revuelo en el arco opositor porteño. El legislador Adrián Camps expresó su desaliento al remarcar que «el proyecto no aporta nada; parece elaborado a las apuradas como para presentar algo».
«La mayoría de los requisitos que plantea esta iniciativa fueron cumplidos por los organizadores del evento Time Warp. El problema no es el cumplimiento de un requisito sino la cuantificación de los recursos en función de la cantidad de personas y la correcta fiscalización por parte del Gobierno de la Ciudad», advirtió el diputado del PSA.
Aunque rescató que el Gobierno Porteño «haya reconocido que hay un problema y que envíe un proyecto», remarcó algunos detalles que no aportan claridad. Por ejemplo, Camps remarca que el proyecto «no contempla eventos mixtos o de otro estilo musical. Habría que definir a qué se refiere con «masivo».La hidratación garantizada ya fue incluída en la ley 451 (Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires) del 2008.
Entre los conceptos que no quedan claros, según el análisis del legislador socialista, encontramos el protocolo frente a potenciales catástrofes que debe presentar el privado. «El que debe presentar el protocolo es el estado y el privado debe adecuarse.»
El diputado compartió en un comunicado varias preguntas o cuestiones sin respuestas claras:
- «No aclara a qué se refiere con ‘sustancias tóxicas'».
- «¿Cuál es la proporción del personal de seguridad en relación con la cantidad de asistentes? En Costa Salguero había 3 inspectores para 20 mil personas.»
- «Establece que las fiestas deberán realizarse al aire libre, a menos que por «razones suficientemente fundadas» no fuera posible. ¿Qué serian «razones suficientemente fundadas»? ¿Cuál es el criterio?
- Se deberá controlar temperatura y humedad ambiental ¿en qué condiciones? ¿Con el local vacío y/o con la gente adentro? ¿Qué es de manera regular? ¿Durante el evento?»
- El inciso G plantea la necesidad de «metodologías de control de acceso que sean medibles». Esto existió en la fiesta Time Warp, el problema fue la falta de control.
- Plantea que se deberá dejar constancia expresa en el lugar del evento sobre los «derechos de los asistentes garantizados en esta ley». No queda muy claro a qué derechos se refiere.
Otros funcionarios porteños van más allá del proyecto. El ex legislador porteño Alejandro Bodart (MST) afirmó: “En paralelo a la investigación judicial, Horacio Rodríguez Larreta deber ir a juicio político. Aparte del accionar empresarial y de las fuerzas de seguridad, en este caso la responsabilidad del Poder Ejecutivo de la Ciudad es aún más directa que en Cromañón: la concesión de Costa Salguero es irregular y tampoco habilita fiestas, uno de sus dueños es el esposo de la jefa macrista de la Legislatura, no hubo el más mínimo control estatal adentro sabiendo los altos riesgos y encima el gobierno porteño mintió sobre el hacinamiento”.
El presidente del bloque del FPV, Carlos Tomada, pidió el desplazamiento del director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control, Matías Alvarez Dorrego. A su vez, expresó que «esto, además, refuerza la necesidad de constituir una comisión investigadora en el seno de la Legislatura para determinar hasta dónde llegan las responsabilidades políticas”.
“De igual forma, vamos a solicitar la presencia en el recinto del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta para que responda frente a la sociedad lo que sus funcionarios no pudieron o no quisieron hacer», concluyó.
