Caminando Baires transmite el comunicado textual del Sindicato de Vendedores Ambulantes del día 19 de Septiembre de 2016

El reclamo explicitado a continuación refiere al cierre de locales en el Paseo La Estación, frente a Plaza Constitución.

Hoy cumple 37 días la carpa  de los puesteros de constitución. Nació el día  que la empresa Cyrell cerro las puertas sin aviso y  con toda la mercadería y objetos personales de los puesteros. Al día de hoy no fue restituida ni el reclamo solucionado.

Más de 400 puesteros trabajaron durante más de 8 años sin ningún contrato, ni comodato, ni instrumento legal que vincule la relación comercial. También otros trabajadores que desarrollan tareas en el predio  de seguridad, limpieza están vinculados a la empresa se encuentran en negro.

El reclamo puntual es un contrato legal que los vincule a la empresa y que de ello derive la bajas de los alquileres exorbitantes y las reglas claras que evite aumentos discriminados y constantes. Trabajar dentro del marco de la ley.

La justicia luego del desalojo tomo intervención a partir de la denuncia de los puesteros. Investiga el posible delito de  Estafa y retención indebida.

Queda claro que el predio cuenta con cobertura y protección política lo cual le permitió, ausente de cualquier tipo de control, poder funcionar con impunidad, explotando a centenares de  trabajadores y la consecuente evasión a tributos que afectan las arcas del Estado.

Por otro lado la intervención de funcionarios públicos en hechos de corrupción. Los rumores que funcionarios de la actual están involucrados comercialmente con el predio denunciado son  cada día más fuertes.

La carpa y sus integrantes han sufrido agresiones físicas, amenazas y numerosas coacciones con la finalidad que la protesta se levante y que sus delegados  cesen sus denuncias judiciales y públicas.

La represión policial a dejado heridos y detenidos. La represión policial y la tercerizada ponen en riesgo la vida de sus integrantes.

Los mismos hechos que hoy denuncian los puesteros fueron públicos  hace dos años por el legislador Alejandro Bodart en la legislatura de la ciudad, sin embargo su pedido de informes nunca fue contestado.

Queda claro con este silencio evidente que la cobertura legislativa también a generado impunidad.

Dos años donde nada cambio y hoy la esperanza de los trabajadores  se deposita en la justicia.

El gobierno de la ciudad a dicho en relación al conflicto actual que se trata de un problema entre privado desligándose de toda intervención. Pero nos queda claro que cuando el Estado, por intermedio de funcionarios que lo integran dejan de cumplir su función y se vinculan en hechos de corrupción con empresarios privados, los efectos que resultan de ellos es que la impunidad genera vulneraciones de derechos a los trabajadores y recursos del estado que se desvían a empresarios y funcionarios que se enriquecen en un marco de impunidad.

Por todo lo expuesto hacemos público la situación de los trabajadores, sus reclamos específicos en un marco de desinformación general sobre este conflicto.

Y en espera que la justicia con los elementos de pruebas recolectados hasta la fecha, donde los centenares de trabajadores han dado en una coincidencia unánime suficientes elementos de prueba para la labor e investigación judicial reponga los derechos vulnerados, identifique las personas tanto particulares como funcionarios públicos responsables de los delitos investigados y fundamentalmente a políticos en gestión que desde su lugar de poder y control frenan resortes estatales porque los hechos de corrupción denunciados no se trata solamente de irregularidades individuales y aisladas.