La Legislatura aprobó la ley de «regionalización de la atención de embarazos de alto riesgo» y el «seguimiento de niños con bajo peso para la edad gestacional», que tiene el objetivo declarado de prevenir y disminuir los casos de mortalidad y morbilidad infantil en la Ciudad. En el recinto el proyecto fue aprobado por la unanimidad de los 56 legisladores presentes.

La regionalización de atención perinatal y neonatal está dirigido a los «partos con gesta probable menor a 32 semanas (o con evidencia ecográfica del peso del feto menor a 1.500 gramos) y de la atención neonatológica de los niños nacidos con peso menor a 1.500 gramos«.

Los objetivos manifiestos de esta norma son:

a) Disminuir la morbimortalidad materno-infantil a través del desarrollo e implementación de los recursos humanos, físicos y económicos indispensables para garantizar la mayor seguridad materno – neonatal desde el embarazo hasta el puerperio.

b) Promover el acceso universal, oportuno y de calidad a servicios materno-neonatales especializados en el tratamiento de embarazadas y recién nacidos de alto riesgo.

c) Fortalecer los mecanismos de coordinación, cooperación y ejecución de las instituciones integrantes del sistema de salud.

d) Promover los lineamientos para el manejo estandarizado y prioritario de las emergencias obstétricas (EO) y traslados neonatales.

e) Consolidar un sistema de atención prioritaria para pacientes con alto riesgo que se deriven a las Maternidades Nivel III (hospitales y maternidades con internación de tipo general o especializada que corresponde a una atención de mediano y alto riesgo).

f) Asegurar el cumplimiento de las condiciones obstétricas y neonatales esenciales (CONE) que promuevan la humanización del parto.

g) Propiciar la adecuación paulatina de los establecimientos de salud en Maternidades Seguras Centradas en la Familia (MSCF);

h) Incorporar la oportunidad de la consejería en Salud Sexual y reproductiva.

Se establecieron como principios del nuevo sistema la gratuidad, accesibilidad, equidad y sostenibilidad del sistema y determina «establecimientos de referencia» dentro del sistema de hospitales públicos de la Ciudad. Esos hospitales de referencia serán los de Agudos Argerich, Durand, Fernández y Santojanni y el Materno Infantil Ramón Sardá.

Por ley se instituyó que habrá dos jornadas anuales obligatorias para los empleados públicos de la Ciudad «destinadas a la formación y capacitación en las técnicas principales de Primeros Auxilios y Reanimación Cardiopulmonar (RCP) a efectos de proveer los conocimientos básicos para enfrentar situaciones de riesgo de vida».

Los fundamentos explicaron que «tiene el objetivo de formar y capacitar a todo el personal ya sea de la planta transitoria o permanente en las técnicas principales de Primeros Auxilios y Reanimación Cardiopulmonar (RCP)».

La norma aprobada define como primeros auxilios a la atención inmediata que una persona, sin conocimientos técnicos, puede brindarle a una víctima de una enfermedad o una lesión antes de la llegada del Sistema de Emergencias Médicas.

El médico Marcelo Víctor Elizari, destacado cardiólogo y profesor universitario, fue declarado «Personalidad Destacada de las Ciencias en el ámbito de la Salud».

Elizari, además de su intensa labor académica, realizó investigaciones anatómicas y clínicas y creó modelos experimentales para el estudio del sistema de conducción cardíaco con impacto internacional. Tuvo una actividad importante en el hospital público desde 1960 hasta su jubilación en 2012.

Otro médico reconocido es Jorge Belardi, especialista en Radiofísica Sanitaria, Cardiología y en Cardiología Intervencionista, a quien se declaró «Personalidad Destacada de las Ciencias Médicas».

Belardi actualmente es el jefe del Departamento Cardiovascular del Sanatorio Anchorena y fue presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología. Recibió muchas distinciones en el país e internacionales y tiene una larga trayectoria como docente de la carrera de Médico Especialista en Hemodinamia, Angiografía General, y Cardioangiología Intervencionista.

La Legislatura porteña prohibió la aplicación de herbicidas sintéticos para la eliminación de pastizales y otras especies vegetales en todos los predios de uso o acceso público del territorio metropolitano.

Como base de la nueva ley, se citan los artículos 41 de la Constitución Nacional y el 26 de la Constitución de la Ciudad, que refieren al ambiente para el desarrollo humano y como patrimonio común.

Según los fundamentos del proyecto de ley de autoría del diputado Adrián Camps (PSA), en la Ciudad se ha detectado en diversas oportunidades el uso de agroquímicos para el control de plagas de pastizales, especialmente en terrenos adyacentes a las vías del ferrocarril. Numerosos estudios académicos, nacionales e internacionales, demostraron la peligrosidad de estos herbicidas para el ambiente y la salud pública: contienen sustancias cancerígenas, siendo además causales de enfermedades respiratorias, gastrointestinales, renales, dérmicas y oculares.

Por lo tanto, la alternativa a este método de control químico sería el control manual y/o mecánico, el cual goza de mayor sustentabilidad ambiental y traería aparejada la conservación y/o generación de numerosos puestos de trabajo. La votación resultó con 56 votos positivos.

Se aprobó la prórroga por cinco años de la emergencia social, urbanística, ambiental y sanitaria de la Cuenca Matanza-Riachuelo, establecida en el artículo 1° de la Ley 3947.

Además, se modificó el artículo 7º que quedó redactado de la siguiente forma: «En octubre de cada año la Comisión de Ambiente celebrará una Reunión Pública Especial en la Legislatura, a la cual los representantes del Poder Ejecutivo concurrirán a fin de informar sobre las acciones realizadas en el marco de lo dispuesto en la presente Ley, según el siguiente detalle:

«a) Cantidad de habitantes relocalizados provenientes de los asentamientos existentes en el camino de sirga y de los aún no relocalizados.

«b) Sobre el total de empresas y establecimientos industriales empadronados, señalar cuántos fueron declarados agentes contaminantes susceptibles de producir un impacto ambiental de relevante efecto, cuántos están en proceso de reconversión tecnológica y cuál es el número de establecimientos que finalizaron sus planes de reconversión.

«c) Estado financiero de los créditos otorgados por convenios con organismos multilaterales de crédito y las sumas desembolsadas.

«d) Asignación presupuestaria imputada para las actividades de ACUMAR en el ámbito geográfico de la Cuenca en la Ciudad.

«e) Estado de situación del sistema de salud y de las acciones desarrolladas en el ámbito geográfico de la Cuenca en la Ciudad, incluyendo los datos, de acuerdo al registro específico, de la asistencia y atención médica brindada por afecciones relacionadas con el impacto contaminante de la Cuenca; sobre las estrategias de prevención y promoción de la salud implementadas e información referida al funcionamiento de los ‘Centros de Salud Ambiental’ y al ‘Nodo de vigilancia epidemiológica’.

«f) Grado de cumplimiento y ejecución de las obligaciones dispuestas en el Art. 4º de la presente Ley.»

Ya han pasado casi ocho años desde la sentencia de la Corte, y más de seis desde la entrada en vigencia del Plan Integral de Saneamiento Ambiental.

En octubre de 2011 se sancionó la Ley N° 3947 que declaró, por el término de cinco años, la «emergencia social, urbanística, ambiental y sanitaria de la Cuenca Matanza-Riachuelo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», con el objeto ‘…de asegurar un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano presente y de las generaciones futuras».

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó el jueves 22 de septiembre una resolución para «adherir» a los festejos por el 25º aniversario de la proclamación de la independencia de la República de Armenia, celebrado el 21 de septiembre.

El proyecto 3007 fue presentado por el legislador presidente de la Fundación Alameda, Gustavo Vera, quien había participado en junio de la comitiva argentina que viajó a Armenia durante la visita del Papa Francisco al país.

El Cuerpo parlamentario adhirió al «Acuerdo de París sobre Cambio Climático», instrumento internacional adoptado en diciembre del 2015, con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes y disminuir el aumento de la temperatura global a menos de 2º Celsius para el fin de este siglo. Asimismo se busca el equilibrio entre los gases emitidos y los que pueden ser absorbidos a partir del año 2050, es decir, un balance de cero emisiones netas.
Los países revisarán sus compromisos cada 5 años, para asegurar que se pueda alcanzar el objetivo de mantener la temperatura muy por debajo de 2ºC.

La Legislatura porteña aprobó un pedido al Poder Ejecutivo para que realice estudios de factibilidad técnica y financiera para la instalación del Sistema de Transporte Público de Bicicletas y de un sistema de guarderías de bicicletas en bocas del subte de la CABA.

El jueves se ratificó la primera consulta popular llevada a cabo en la Ciudad. A través de este mecanismo de participación ciudadana, los vecinos de la Comuna 9 pudieron elegir el nombre «Lisandro de la Torre» para su comuna, por iniciativa de la Junta Comunal y con el apoyo de la jefa del Bloque Peronista, María Rosa Muiños.

«La sanción definitiva de esta Ley culmina un largo proceso iniciado por los integrantes de la Junta Comunal 9, quienes han logrado que los vecinos de Mataderos, Liniers y Parque Avellaneda ejerzan en pleno su derecho a la participación ciudadana, en cumplimiento de la Constitución de la Ciudad y de la Ley de Comunas», sostuvo Muiños.

«Hoy la ex Comuna 9 se llama ‘Lisandro de la Torre’, lo cual representa un avance en materia de participación popular y vamos a seguir en ese camino hacia una democracia participativa en la Ciudad», concluyó la legisladora peronista.

La Legislatura porteña convirtió en ley un proyecto de los legisladores  Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica ARI) y Adrián Camps (Partido Socialista Auténtico), que propone la creación del Sistema de Transparencia, Publicación e Información Comunal. La iniciativa fue presentada por el ciudadano Sergio Narkevicius y acompañada por los legisladores.

La iniciativa normatiza toda la comunicación entre las Comunas y los ciudadanos: establece cómo debe hacerse el libro de actas, cómo publicar toda la información en el sitio web con el que deberá contar cada Comuna, tanto la actividad de la Junta Comunal y como la resolución del Consejo Consultivo, los días de reuniones, etc. para que sea accesible para todos los ciudadanos. Además, reglamenta el uso de las redes sociales, a través de las cuales facilitar la interacción entre la Junta Comunal, el Consejo Consultivo y los demás vecinos.