Debaten multar a las inmobiliarias por abusos en el cobro de comisiones a inquilinos

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzó a discutir en la Comisión de Justicia un proyecto de Ley con el objetivo de multar a las inmobiliarias que abusan de los inquilinos al momento de cobrarles comisiones por su actividad, por iniciativa de la jefa del Bloque Peronista, María Rosa Muiños.

El proyecto apunta a agregar el apartado «Infracciones en el ámbito inmobiliario» al Capítulo I del Régimen de Faltas, referido a «Actividades lucrativas no permitidas o ejercidas en infracción».

En este sentido, plantea que «las inmobiliarias que cobren comisiones superiores al monto que dicta la Ley 2340 – de Creación del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad (CUCICBA) – deberán pagar el doble del importe percibido. Si el infractor comete tres veces la misma falta dentro del término de un año y medio, se lo inhabilitará para ejercer la actividad de corretaje inmobiliario durante dieciocho meses».

«Desde enero de este año han aumentado los alquileres de forma considerable y también se han registrado excesos en el cobro de comisiones a los inquilinos tanto al momento de ingresar al inmueble como cuando renuevan los contratos. En nuestra Ciudad uno de cada tres habitantes alquila el inmueble en el que vive y en la relación triangular con la inmobiliaria y los propietarios de la vivienda es sin dudas el actor más vulnerable», indica Muiños en los fundamentos del proyecto.

Y agrega “Esta situación de abuso se da porque, según la Ley 2340, los que deberían aplicar las sanciones correspondientes son justamente los mismos que deciden cobrar las sumas excesivas a los inquilinos.Entonces, al estar especificado en esa ley cuál es el importe máximo a abonar, lo adecuado es que figure en el Régimen de Faltas de la Ciudad y que la sanción la imponga el Estado».

Cabe destacar, que la Ley 2340 en su artículo 57 estipula que “para los casos de alquileres de inmuebles para la vivienda, el monto máximo de la comisión que se le deberá cobrar al inquilino será equivalente al 4,15% del valor total del contrato, lo que representa aproximadamente un mes promedio de alquiler”.

Participaron de la reunión el Defensor del Inquilino de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, Fernando Muñoz, quien explicó y defendió el proyecto; y el presidente de CUCICBA, Armando Pepe, que prefirió no hacer uso de la palabra.

Piden el traspaso de la Justicia a la Ciudad

La presidenta del Bloque Peronista, María Rosa Muiños, y la presidenta de la Coalición Cívica, Paula Oliveto Lago, presentaron un proyecto en el que expresan su preocupación por la demora en el traspaso de la Justicia ordinaria a la órbita de la Ciudad, luego de 20 años de haberse iniciado el proceso, y por  la falta de cobertura de vacantes en los cargos judiciales.

«Si bien se han concretado algunos avances parciales con respecto a la transferencia de la Justicia de la Nación a la Ciudad, lo cierto es que han pasado veinte años desde la sanción de la Constitución local y desde que en la Ciudad se eligen autoridades por el voto popular. Entonces, ningún motivo justifica seguir postergando el traspaso de competencias jurisdiccionales«, explican las diputadas en los fundamentos de la iniciativa.

«El ejercicio de estas competencias por parte de la Ciudad se encuentra todavía incompleto, a pesar de que, tanto en la Legislatura como en el Congreso Nacional, se hayan presentado numerosas iniciativas para avanzar en la consolidación de la autonomía», sostiene María Rosa Muiños.

Y agrega «no podemos esperar más tiempo para concretar este traspaso porque la Ciudad cuenta con una Justicia moderna, con códigos ágiles y con recursos humanos capacitados para investigar, juzgar y condenar».

Por su parte, Paula Oliveto afirmó:«Estamos pidiendo que se respeten nuestros derechos como Ciudad, y como autoridades políticas de la misma, queremos tener injerencia en el control de la justicia para que lleguen a los ciudadanos en tiempo y forma.»

La iniciativa de las legisladoras se funda en el artículo 129 de la Constitución Nacional, el cual establece que le corresponde a la Ciudad de Buenos Aires aplicar la legislación de fondo y juzgar sobre estas materias; y en el artículo 106 de la Constitución local, que establece que el Poder Judicial de la Ciudad debe conocer y decidir acerca de todas las causas que versen sobre estas cuestiones.

Informes sobre el uso del Colón para eventos privados

El legislador porteño Diego García Vilas (Confianza Pública) le pidió al Ejecutivo de la Ciudad información puntual sobre el uso que se hace del Teatro Colón para la realización de eventos privados, con el objetivo de asegurar la preservación del emblemático edificio.

El expediente presentado en la Legislatura responde a inquietudes de trabajadores y habitués del lugar, preocupados por las consecuencias que pueden aparejar estas actividades en las instalaciones, cuya extensa restauración concluyó en el 2010.

El histórico edificio se viene prestando a la realización de acontecimientos corporativos mediante el alquiler de algunos de sus espacios. Estos acontecimientos  son ajenos a los usos artísticos propios del Teatro, por lo cual se busca indagar en los parámetros de contratación.

A esto se suma el reciente anuncio del gobierno de la Ciudad que  propone a este ícono porteño como locación para celebrar casamientos. Con la consigna “¿Dónde te gustaría casarte”? se invita a la población a votar un espacio para celebrar uniones civiles, entre ellos el Colón.

Por este motivo,  además  de solicitar datos sobre los procedimientos administrativos por los cuales se entregan permisos de uso, también pregunta por el tipo de licitaciones, qué empresas ganaron los contratos y si se prevén medidas de mantenimiento por parte de estas compañías. Asimismo, se solicitan los montos de contratación  y el destino de estos fondos.