El Jueves 9 de marzo, durante la segunda sesión del año, la Legislatura de la Ciudad aprobó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo porteño explique por qué se están llevando adelante procesos para definir la denominación de algunas comunas, a través de mecanismos que violan la Constitución de la Ciudad y la Ley de Comunas.

«La Secretaría de Participación Ciudadana, que depende de la Jefatura de Gobierno, publicó en  febrero a través de Facebook y Twitter una encuesta para ponerle nombre a la Comuna 1. El primer antecedente fue la elección del nombre de un puente de la Comuna 15, donde votaron más personas que las que conforman esa comuna, por medios electrónicos, sin fiscalización y sin transparencia«, informó María Rosa Muiños, quien fue durante dos años presidenta de la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana de la Legislatura, y que presentó la iniciativa.

«Esta forma de proceder es ilegal, ya que ignora la instancia de consulta popular que establece la 1.777 (Ley de Comunas)», consideró la legisladora y explicó «Por Ley, la consulta popular debe ser convocada por la Junta Comunal y solamente pueden votar los vecinos de los barrios que la integran. Luego, la Legislatura debe dar su aprobación en doble lectura».

«Como este es un año electoral, se pueden realizar consultas populares en todas las comunas para que elijan su nombre sin que conlleve gastos adicionales, tal como ocurrió en 2015 en la Comuna ‘Lisandro de la Torre’ (ex Comuna 9), cuya nueva denominación obtuvo el 80% de aprobación, es decir, que 66.051 vecinos acompañaron la iniciativa de sus comuneros», propuso la legisladora peronista.

«Gracias a aquella exitosa experiencia, los 105 comuneros electos en la Ciudad saben que con el voto de tan sólo cuatro integrantes de la Junta, pueden llamar a consulta popular para decidir no sólo el nombre de su comuna, sino cualquier otra cuestión que los afecte directamente», concluyó Muiños.