La Legislatura fue sede de un encuentro para debatir sobre la accesibilidad urbana para personas con discapacidad y movilidad reducida en la Ciudad.
El objetivo del encuentro, realizado el pasado lunes 10, fue elaborar un informe de la situación de las barreras existentes para el desplazamiento seguro y autónomo de estas personas. Se trataron el estado de las veredas y rampas, además de las modificaciones que el Gobierno Porteño tiene intención de realizar en el proyecto del nuevo Código Urbanístico, que significan un retroceso en materia de accesibilidad.
Participaron integrantes de la Fundación Rumbos; la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI); el Observatorio del Derecho a la Ciudad, y los legisladores Adrián Camps y Marcelo Ramal.
«Soy testigo presencial de lo que significa para una persona con discapacidad que se abran las posibilidades. Andrea Grassia fue la primera en romper esa barrera, y tengo la suerte de tenerla como asesora desde 2010. Gracias a ese logro, ella pudo trabajar, por ejemplo, en la ley de carteles en braile en las paradas de colectivo, que es de su autoría aunque técnicamente se me adjudique a mí. También trabajamos en los proyectos de taxis para personas con movilidad reducida y se aprobó la traducción al lenguaje de señas en los discursos del Jefe de Gobierno», expresó Adrián Camps, que además integra la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura Porteña.
En la misma sintonía se expresó Marcelo Ramal, diputado del Partido Obrero: «Es bueno recordar que está pendiente el cumplimiento del cupo laboral, que en el Estado se lleva adelante muy por debajo de lo que establece la ley. El sistema educativo de la ciudad responde muy pobremente a la necesidad de la integración de los niños con discapacidad. El Estado debería asegurar la accesibilidad a estas personas y no dejarla liberada a la voluntad de los vecinos frentistas. Es una variante de la privatización de la Ciudad».
Eduardo Joli, presidente de la Fundación Rumbos se mostró preocupado por la falta de accesibilidad de estas personas en la Ciudad y criticó al Gobierno de la Ciudad: «Anunciaron el año pasado que las comunas 5 y 6 eran 100% accesibles, y eso no existe en ningún lugar del mundo. Desarrollamos un relevamiento y, entre otros datos, encontramos que 8 de cada 10 frentes tienen veredas con problemas que pueden producir un riesgo de caída a cualquier persona».
María Rodríguez Romero, también de Fundación Rumbos, sumó datos que reflejan la triste realidad sobre la accesibilidad en las líneas de subte: «De 6 líneas que hay, la C y la E no tienen ascensores. Eso reduce el margen a 85 estaciones entre las 4 líneas. De esa cantidad, solo 35 cuentan con elevadores, pero nada más que en 22 estaciones funcionan. Eso no es accesible».
Por último, Jonatan Baldiviezo, integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, manifestó: «Este Gobierno tiene una concepción que genera consecuencias negativas para las personas con discapacidad. Confrontan con los derechos que se ganaron en los 90».
