En la sesión del pasado jueves en la Legislatura Porteña se aprobó en primera lectura el proyecto del oficialismo que habilita la venta de tierras púbicas a privados en terrenos ferroviarios del barrio de Colegiales. El diputado del socialismo auténtico Adrián Camps votó en contra, al igual que otros 23 legisladores, y pidió que ante las irregularidades de la ley se vuelva a discutir en Comisión.
Argumentó que es un proyecto que va en contra de la voluntad de los vecinos y se basa en un decreto de la dictadura. Además, advirtió que es un negocio ilegal y desastroso para la Ciudad.
«Hay una lucha muy amplia de los vecinos para que el predio sea un espacio verde de uso público. Colegiales es uno de los barrios con menos espacios verdes de la Ciudad. Cuenta solo con 0,6 m2 por habitante y la OMS recomienda 10 m2 por habitante«, deslizó el candidato a diputado nacional. Y agregó: «Estuve con los vecinos que se movilizaron y no escuché en ningún momento que hubiera alguno a favor de esta ley».
Por otro lado, Camps expicó: «El proyecto tiene falencias técnicas absolutas que lo hacen inviable. El 65% de las tierras son transferidas por la Nación a la Ciudad. Para que adquieran un mayor valor, la Legislatura va a permitir que en el 35% restante se puedan construir torres de hasta 25 metros de altura con la posibilidad de construir 80 mil m2. Según Eduardo Elsztain, presidente de IRSA, el m2 de capacidad constructiva vale en la Ciudad 1000 dólares, y por ende esa parcela valdría 80 millones. Según el convenio que se propone, la Nación se queda con 70 millones y la Ciudad con 10, un acuerdo totalmente desventajoso para los porteños. La Legislatura va a habilitar un gran negocio de tierras, que van a ser rematadas. Pero venderlas sin la aprobación del Congreso es ilegal. El oficialismo se ampara en un decreto de la dictadura firmado por Videla y Martínez de Hoz. En ese momento no había Congreso, y se autorizaba a la Secretaría de Hacienda a vender tierras públicas. Por eso, el negocio que implica esta ley es ilegal, y tampoco no defiende la voluntad de los vecinos ni los intereses de la Ciudad».
Por último, apuntó que la ley viola la Constitución de la Ciudad: «El proyecto debería volver a discutirse. No tiene mapa de zonificación. La distribución de áreas surgiría de un concurso, que ni siquiera va a ser convocado por la Ciudad. La AABE, un organismo nacional, va a tener las atribuciones que deberíamos ejercer nosotros los diputados. Entonces, el concurso va decidir dónde y cómo construir. La Constitución de la Ciudad prohíbe a la legislatura ceder sus atribuciones«.
