El Observatorio del Derecho a la Ciudad emitió un informe donde refleja las irregularidades en el proceso de urbanización del Barrio Playón de Chacarita respecto a la participación de los vecinos involucrados y el diseño de las futuras nuevas viviendas.

Según el comunicado del Observatorio, el Instituto de la Vivienda (IVC) «avanza unilateralmente con la toma de decisiones importantes burlándose de la buena fe de las familias del barrio, sin respetar los mecanismos obligatorios de discusión y sin considerar sus reclamos.»

La ley de integración social y urbana del playón de Chacarita fue aprobada en la segunda lectura de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el 23 de marzo de 2017. El proyecto implica la mejora de 300 viviendas que quedarán en el sector histórico del barrio y la construcción de alrededor de 750 viviendas nuevas en el predio aledaño que pertenecía al Ferrocarril Urquiza.

El IVC  llamó a Licitación Pública Nº 37/17[1] (19 de septiembre de 2017) para la ejecución de 692 viviendas nuevas y 70 locales comerciales basadas en un proyecto presentado a los vecinos y sus técnicos con toda la documentación recién el día 23 de agosto de 2017 y que «no incorporó ninguna de las propuestas del barrio realizadas en este último mes».

El Observatorio destaca dos grandes irregularidades:

1) En primer lugar, aproximadamente un 20% de las viviendas nuevas del proyecto que se licita están mal diseñadas y no brindarán una adecuada habitabilidad para las familias. Esto marcado por los técnicos del Observatorio del Derecho a la Ciudad y del Ministerio Público de la Defensa en la reunión del día 31 de agosto de 2017.

Por ejemplo, la superficie del los espacios comunes (living, cocina, comedor) no se corresponden con la cantidad de dormitorios; la superficie y proporciones de los espacios comunes (living, cocina, comedor) genera problemas para equiparlos; existen dormitorios con superficies muy comprimidas; los locales comerciales que estarían sobre la Av. Triunvirato tienen superficies pequeñas, etc.

Al decir de los técnicos del Observatorio, el anteproyecto licitado no sería aprobado a ningún estudiante de arquitectura de la UBA.

2) En segundo lugar, el Instituto de Vivienda manifiesta hacer uso del art. 4 de la Ley N° 5.799 de integración social y urbana del Barrio Playón de Chacarita. Esta norma establece, como regla general, que las decisiones surgirán del consenso de la MGP. (Mesa de Gestión Participativa creada y formada para trabajar en conjunto el proceso de integración)

Según la ley, solo excepcionalmente, en caso de disenso, el IVC — en cumplimiento de las funciones que le son propias conforme a la ley de su creación (Art. 3 y conc.- Ley 1251) — asesorará al Jefe de Gobierno respecto de la decisión a adoptar para el cumplimiento del Proyecto Integral de Reurbanización (en adelante “PIRU“), siempre de conformidad con los principios receptados en el art. 1 de la presente».

El Observatorio indica de manera tajante que «para el IVC no hubo consenso para el proyecto y decidió avanzar adoptando en soledad la decisión.»

Pero el Protocolo de la Mesa de Gestión Participativa (MGP) del Barrio Playón de Chacarita y reglamentación del art. 4 de la Ley N° 5.799  establece en su art. 15 un procedimiento obligatorio a seguir para la búsqueda de consenso. que incluye reuniones por manzana y una Asamblea General Extraordinaria.

«Este procedimiento no fue respetado en absoluto. La MGP no estableció un determinado tiempo para la toma de decisión. Nunca existió un momento claro de presentación de un proyecto con la individualización sobre que había consenso y sobre que no. No existe constancia sobre lo decidido por cada manzana justamente porque no existió esa claridad ni comienzo de instancia de búsqueda de consenso. Hay manzanas a las cuales el IVC nunca fue. La participación una mera formalidad informativa, totalmente ajeno al mandato del art. 1 de la Constitución de la Ciudad y del art. 4 de la ley N° 5.799.»

El IVC presentó el proyecto con toda la documentación el 23 de agosto. La primera reunión posterior técnica fue el día 31 de Agosto y al día siguiente 1 de septiembre dicho proyecto sin receptar ningún cambio ya había salido del área técnica (congelando el proyecto) para iniciar el camino hacia el llamado a licitación.

Incluso, el responsable del área técnica del IVC, el Sr. Maximiliano Álvarez, en la asamblea general del barrio el día 15 de septiembre informó que el IVC no licitaría hasta no incorporar todos los cambios propuestos por los vecinos en este último mes y los que faltan para mejorar las viviendas.

Las familias solicitaron al IVC que no se licite hasta incorporar todos los cambios necesarios para que las viviendas puedan ser habitables y esperar unas dos o tres semanas más. Pero el IVC optó por los anuncios en los medios de comunicación que seguir la discusión para garantizar una mejor habitabilidad.

El comunicado oficial del Observatorio cierra con cinco puntos que resumen y consolidan la gravedad de esta situación:

1) El proyecto de ley fue presentado también unilateralmente por el IVC a la Legislatura sin consenso del barrio y sin haber dado lugar a discutir con profundidad la normativa urbanística.

2) La apertura de la Av. Triunvirato también fue una decisión adoptada por el IVC sin ni siquiera consultar e informar al barrio. Se enteraron por los diarios.

3) El IVC decidió extraer del polígono de urbanización dos manzanas destinadas por la Ley N° 5.799 para otorgar soluciones habitacionales a las familias en contra de la voluntad del barrio. Dichas tierras serán destinadas a negocios inmobiliarios. El Barrio perdió dos manzanas en manos de la especulación inmobiliaria.

3) La pérdida de estas tierras generó que el proyecto de viviendas nuevas tenga muchas falencias porque necesitaba establecer un determinado número de viviendas pero en menos suelo. A esto se debe que más del 20% de las viviendas del proyecto licitado no sean aptas para una adecuada habitabilidad.

4) Durante el proceso de re-urbanización (casi año y medio) el IVC ya tuvo cuatro coordinadores y dos presidentes, quiénes son los responsables de llevar adelante la implementación de la integración social y urbana.

5) El IVC actuó de manera similar en el proceso de integración social y urbana del Barrio Rodrigo Bueno pero a diferencia del Playón de Chacarita, en aquél la MGP aceptó licitar un proyecto no consensuado e incorporar los cambios luego de la adjudicación. Algo no recomendable en ninguna instancia.[4]