La presentación estuvo a cargo de la legisladora y presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud del FPV, Andrea Conde, Diego Morales (CELS), Claudia Cesaroni (CEPOC, RECAVE), el juez Roberto Tavosnaska (APDH), Pablo Vicente (MPP), Carolina Arias (Defensoría del Pueblo de la Ciudad) y Marcela Millán (Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad).
Esta tarde, el Foro Contra la Violencia Institucional de la Ciudad de Buenos Aires presentó en la Legislatura porteña el registro ciudadano de la violencia institucional, una serie de materiales gráficos informativos contra el abuso policial orientado a la ciudadanía como forma de controlar colectivamente el accionar irregular de la Policía de la Ciudad y las fuerzas de seguridad en general.
La presentación fue el resultado del trabajo en conjunto de organismos públicos como la Presidencia de la Comisión de DDHH de la Legislatura, Defensoría General y Defensoría del Pueblo de la Ciudad y organizaciones sociales especializadas en la temática (CELS, APDH y CEPOC y MPP, entre otras). Los representantes de las organizaciones del foro compartieron además un diagnóstico actual de la violencia institucional en la Ciudad y el desempeño de la policía de la Ciudad a casi un año de sanción de la Ley de Seguridad Pública.
«Una de las singularidades que presenta el escenario actual es el aval del Poder Judicial sobre las medidas de control poblacional del poder Ejecutivo. El fallo Vera del TSJ y cómo la Corte Suprema omitió pronunciarse es un ejemplo de ello. La decisión del juez De Georgi de mantener incomunicados por más de 48 hs a los detenidos en la marcha del 1° de septiembre por la aparición por vida de Santiago Maldonado es otro ejemplo de cómo el poder judicial convalida esta intervención policial», señaló Diego Morales, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Por su parte, Claudia Cesaroni (RECAVE, CEPOC), contó que en febrero de 2016, el CEPOC impulsó la creación de un Registro de Casos de Violencia Estatal (RECAVE) ante el aumento de casos de abuso por parte de las fuerzas de seguridad, a partir de la asunción del gobierno de Cambiemos. «Entendemos que nuestra participación en el espacio de Registro Ciudadano de la Violencia Institucional es profundizar y extender estas acciones, coordinando con instituciones públicas y organizaciones comprometidas con esta temática. El sentido de este espacio es incidir en la modificación de estas prácticas, así como en la defensa de los derechos de quienes las padecen», manifestó.
A su turno, la Dra. Marcela Millán, del Ministerio Público de la Defensa, expresó: «Desde el Ministerio Público de la Defensa trabajamos la violencia institucional desde varios ejes: brindamos la asistencia técnica jurídica de quienes a partir de estos casos resultan en conflicto con la ley penal, verificamos las condiciones de detención en las comisarías las 24 hs los 365 días del año y articulamos con los colectivos que son las principales víctimas de estas situaciones por trabajar y vivir en el espacio público. Este trabajo y el de otras instituciones tiene necesariamente que complementarse con el esfuerzo ciudadano de controlar la violencia institucional y registrarla con las nuevas herramientas tecnológicas.»
El material presentado incluye una guía sobre cómo registrar videos de detenciones que se desarrollan en el espacio público como forma de controlar que se cumplan las garantías expresadas en la Ley de Seguridad Pública, e incluye un mail para la recepción de esos videos. También se desarrolla un punteo de recomendaciones sobre cómo actuar en caso de que uno/a sea sujeto de una detención arbitraria, y otro orientativo sobre puntos importantes a tener en cuenta en caso de que las víctimas del abuso policial sean niños, niñas o adolescentes.
«En este contexto es fundamental construir organización popular para hacer frente a la escalada represiva que asistimos desde la asunción del Gobierno de Macri y que tiene correlato en la Ciudad con la nueva policía porteña. Es creciente la cantidad de casos de razzias policiales en manifestaciones públicas y el hostigamiento a jóvenes y adolescentes. Es fuerte la ofensiva de la policía a las personas más vulnerables como lxs niñxs, las mujeres trans y las personas en situación de calle. Por eso es necesario que estemos atentos a estos atropellos y estemos informados sobre las herramientas y garantías que tenemos frente a este accionar policial para cuidarnos y cuidar a los mas vulnerables», expresó Andrea Conde.