El pasado martes 2 de octubre de 2018, la Policía Federal intentó desalojar a la Asamblea de Villa Urquiza, que funciona en un centro comunitario que se gestó en un inmueble recuperado del Estado Nacional.

La orden judicial de desalojo llegó a los vecinos el mismo día que se ordenó el operativo. Pese a la oposición de los integrantes de la Asamblea, el procedimiento se llevó a cabo. Inmediatamente, los vecinos se hicieron eco de este atropello, y emergió el concepto de «Desalojo inconstitucional».

Los agentes de las fuerzas de seguridad impidieron la entrada de los vecinos al local, en el que funciona una biblioteca popular, una videoteca, 11 talleres artísticos, un bachillerato y una consejería.

¿Cuál es la historia detrás de este conflicto?

En Junio de 2002, los vecinos del barrio recuperaron un edificio completamente abandonado, que antiguamente era una pizzería, ubicado en la Av. Triunvirato N° 4766, entre la Av. Roosvelt y la vía de la estación General Urquiza de la Línea Gral. Mitre, y lo convirtieron en un centro comunitario.

Este centro comunitario sin fines de lucro es gestionado desinteresadamente por la Asamblea de Vecinxs de Villa Urquiza. Actualmente brinda talleres artísticos gratuitos, se realizan diversas actividades culturales y educativas.

¿Quién impulsó el desalojo?

La Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF S.E.) inició juicio de desalojo fundándose en la Ley N° 17.091 sancionada en el año 1966.

Esta ley estaba tenía por objeto autorizar desalojos sumarios en caso de concesión de inmuebles de propiedad del Estado que estuviesen destinados principalmente a actividades lucrativas. La Ley N° 17.091 autoriza, en estos casos, que la Justicia ordene el desalojo sin otorgar el derecho de defensa en forma previa al desalojos.

El Observatorio del Derecho a la Ciudad emitió un comunicado donde afirma que «el debido proceso y el derecho de defensa en juicio es un derecho constitucional fundamental. La Asamblea de Villa Urquiza no era concesionaria del Estado Nacional ni realiza actividades lucrativas. Por lo tanto, no correspondía la aplicación de esta Ley. Y en un entendimiento contrario, la orden de desalojo sin brindar derecho de defensa constituye una violación grave de los derechos de la Asamblea y de cada uno de sus integrantes».

En la sentencia dictada por el Juez  Ernesto Marinelli, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 1, que ordena el desalojo se expresa que la decisión judicial fue adoptada «sin más trámite» e «inaudita parte».

«Tanto el Estado Nacional como la Ciudad de Buenos Aires tienen la obligación constitucional de proteger los ámbitos comunitarios culturales. Si el Estado ha permitido la permanencia por más de 15 años de esta Asamblea en uno de sus inmuebles y ha reconocido sus actividades no está facultado para desalojarlos cuando ello implica la destrucción de este espacio cultural.», continúa el comunicado.

El Observatorio cierra su comunicado con una denuncia: «Tanto el Estado Nacional y la Ciudad han decidido, a través de un convenio aprobado por la Legislatura de la ciudad, vender este predio para negocios inmobiliarios. La Cultura y la organización comunitaria nuevamente supeditadas a los intereses económicos del sector financiero-inmobiliario.».

¿Qué sucederá ahora?

En la página de Facebook de la Asamblea de Villa Urquiza se publicó un comunicado, donde se especifica que «se firmó un acuerdo para abrir una mesa de dialogo con la AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado, ente que responde al GCBA) que se relizará el 22 de octubre, bajo la condición de que el desalojo se efectué el día 31 de este mes.»